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Presentan propuesta de reforma de la ley migratoria nacional al Poder Legislativo
Publicado: 09/08/16 02:20:p. m.

| La propuesta legislativa pretende la modernización total de la gestión migratoria del Paraguay, con énfasis en el desarrollo nacional y un mayor enfoque de derechos humanos de las personas migrantes. |

La Dirección General de Migraciones (DGM) –representada por directivos y funcionarios-, con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el apoyo de representantes de la Federación de Inmigrantes del Paraguay (FEDIPAR), acudieron esta mañana a la sede de la Cámara de Diputados, para presentar oficialmente el Anteproyecto de Ley de Migraciones, una propuesta legislativa elaborada con la finalidad de reestructurar, modernizar y adecuar la gestión migratoria en Paraguay, con especial énfasis en el desarrollo nacional y en el enfoque de derechos humanos de las personas migrantes, tanto nacionales como extranjeras.

La presentación fue realizada por parte de la delegación encargada de su elaboración, encabezada por el Director General de Migraciones, Abg. Jorge Kronawetter; el Jefe de Oficina de la OIM en Paraguay, Econ. Richard Velázquez; autoridades de la DGM, representantes del plantel de funcionarios antiguos de la institución y sus sindicatos, el asesor técnico del proyecto, Abg. Hugo Oddone, y miembros de la FEDIPAR.

Los proyectistas del documento señalaron que, si bien la actual Ley Nº 978/96 De Migraciones tiene unos 20 años de vigencia, su estructura y contenido son semejantes a los de la anterior Ley Nº 470, promulgada en 1974, ambas caracterizadas por carecer de una previa construcción de una política migratoria explícita, coherente con los intereses del desarrollo del país y del respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

En resumen, la ley vigente “no se ajusta a la necesidad real de los procesos migratorios a nivel nacional, se encuentra desfasada de la actual preceptiva internacional en materia de políticas migratorias, no responde adecuadamente a los propios acuerdos y tratados regionales suscriptos y aprobados por el Paraguay, obviando incluso elementos esenciales en estos últimos, como la protección de los derechos humanos del migrante”, según reza el documento presentado.

Además, la Ley 978/96 tampoco se basa en una Política Migratoria de Estado que trace los lineamientos orientadores fundamentales en esos y otros aspectos de la realidad migratoria, como el de la migración interna, la emigración, los desplazamientos motivados por desastres naturales, la trata de personas y el tráfico de migrantes, el refugio político o motivado por guerras étnicas, religiosas y de otro tipo de crisis internas, al mismo tiempo que mantiene una autoridad migratoria debilitada, anticuada y de baja capacidad de gestión.

Es así que, en el año 2014, la Dirección General de Migraciones, acogiendo las recomendaciones surgidas de numerosos estudios y foros internacionales y regionales, de los cuales participa el Paraguay, tomó la iniciativa de impulsar, con el apoyo de la OIM, la elaboración del primer documento de Política Migratoria del Paraguay, que ha recogido el aporte de todos los organismos del sector público y de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la temática migratoria, quienes consensuaron dicho documento con el fin de buscar una adecuada modernización y actualización - estructural y normativa - a nivel nacional en materia de migraciones.

La Primera Política Nacional Migratoria del país, que fue aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 4483 el pasado 21 de noviembre de 2015, sentó las bases para la elaboración de la nueva normativa migratoria que hoy se presenta a la espera de la aprobación por el Poder Legislativo.

Por otra parte, esta nueva ley pretende otorgar a la DGM la categoría de Dirección Nacional, ampliando sus facultades administrativas y de gestión para lograr la cobertura necesaria a nivel país en materia de seguridad, tecnología, infraestructura y de recursos humanos y administrativos.

Otro de los aspectos fundamentales del anteproyecto legislativo es el refuerzo y mejoramiento del apoyo y las relaciones del Estado con las comunidades de connacionales en el extranjero y las comunidades de extranjeros con radicación en nuestro país, punto altamente prioritario para las comunidades inmigrantes del país y para las colectividades de connacionales residentes en el exterior.


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